Proyecto de ley que crea los servicios de Radiodifusión Comunitaria ciudadana atenta contra derechos democraticos fundamentales

La Cámara de Diputados acaba de aprobar el Proyecto de Ley que crea los servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, presentado como un proyecto que reconoce su labor, democratiza el espectro radial, pluraliza el debate y permite su subsistencia vía publicidad.

Se argumenta que se aumenta su potencia de 1 a 15 watts, que las concesiones se amplían de 3 a 15 años, y que hoy podrán hacer menciones radiales.

Sin embargo, lo cierto es que intereses gremiales y comerciales, políticos también, subyacen en este proyecto, por lo que lejos de reconocer a las radios comunitarias como titulares del derecho fundamental a la libertad de opinión e información, y junto con él, el derecho a la información y de acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos, resulta ser un proyecto que limita su funcionamiento y condiciona su existencia al visado del Ministerio Secretaria General de Gobierno y de la DOS en el caso de pueblos indígenas…

Además, las mantiene condicionadas a lo dispuesto por la Ley General de Telecomunicaciones, promulgada vía decreto supremo por Pinochet el año 1982 para silenciar a las radios opositoras, y que en los últimos meses la democracia está utilizando para cerrar y allanar radios que están desempeñando esta labor que hoy tanto se halaga, con penas de hasta 3 años de prisión, multas de hasta 140 millones de pesos y la incautación de todos sus equipos (se adjunta más abajo columna de opinión al respecto).

Esto es fundamental, pues además de mantenerse una ley creada con claros fines de censura, aquí se han omitido (en razón de estos intereses que subyacen) los temas de fondo:

1.- Que el espectro resguardado a las radios comunitarias en este proyecto alcanza a penas el 5% del dial (frecuencias desde el 105.9 a 107.9). En contraste con lo que contemplan TODOS los proyectos que se discuten y leyes ya aprobadas en América Latina sobre esta materia, donde se resguarda un tercio del dial para estas radioemisoras. Por ende, es falso, que aquí se democratiza el espectro radial.

Esto fue señalado por un par de diputados, pero como desafío a futuro, no como condición para el presente proyecto.

2.- Respecto del aumento de los plazos de concesión tan celebrado, de 3 a 15 años, cabe advertir una situación no considerada por los parlamentarios y que nuevamente limitará a unos pocos medios la posibilidad de transmisión. Ya que dado el mínimo espectro resguardado a estas radios, éste estará agotado en poco tiempo y no se abrirán nuevos procesos de licitación (en ausencia de espacio a licitar), que es el problema que enfrentan hoy las radios de corto alcance, algunas de las cuales llevan décadas intentando obtener autorización –del Estado- y por tanto forzadas a la transmitir sin licencia para ejercer su derecho a informar. Es evidente que no solo el dial es insuficiente, sino que son muchas más las radios comunitarias las que hoy existen en Chile y las que se verán alentadas a crearse con tramitaciones como la que comentamos.

3.- Que las menciones radiales (por ende no cualquier publicidad) que establece, solo pueden ser de carácter local y que deben regirse por leyes tributarias, estableciéndose severas sanciones e incluso la caducidad de la concesión en caso de acceder a la publicidad que hoy financia el funcionamiento de radios comerciales. Por tanto no existe un acceso igualitario a la torta publicitaria, ni hay claridad respecto al avisaje estatal.

4.- Que se exige óptima transmisión, excelente servicio y debido cumplimiento de los fines comunitarios, sociales y culturales. Imponiendo restricciones en dos niveles:

Tecnológico, para radios que no cuentan los recursos que le permiten acceder a los equipos que aseguren esta calidad y por ende responder a los requisitos trazados para poder participar en los procesos de licitación; muchas de las cuales se han desenvuelto hasta ahora con gran esfuerzo y precariedad, además de ser perseguidas y hostigadas por lo que expresan (en el caso de Valparaíso, producto de querella interpuesta por un concejal UDI, propietario de Radio Congreso y presidente regional de Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI –asociación gremial de radios comerciales).

A la Participación política, también derecho fundamental garantizado en distintos tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, que no implica solo el derecho a voto, sino también de participar en el debate público y político del país. Dado que hacer política, como muchas de ellas, es hacer polis, es decir, hacer ciudadanía. Sin embargo, los parlamentarios las han restringido a un mero carácter de servicio público, sin reconocer su labor y contribución a la democracia y a la pluralidad de voces, no solo de ipso sino también en el debate, esto en un país con la más alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación de América Latina.

Además, los postulantes a las concesiones (1) deben tener personalidad jurídica y responder a algunos de los grupos que establece el proyecto en su artículo 9 (algunos de ellos deben ser reconocidos como tales por otros cuerpos legales) y visados por Ministerio Secretaria General de Gobierno. Por ende, el hecho de emitir opinión e información está ahora restringido –como no lo hacia la ley anterior sobre radios de mínima cobertura- a los actores que el Estado establece y legitima; (2) esto es particularmente importante en el caso de los pueblos indígenas (llamados “etnias” en el proyecto), cuyo carácter de tales debe ser visado por la División de Organizaciones Sociales (Segegob) y no por entes afines ni en consulta con estos pueblos, como establece el Convenio 169 de la OIT que entra en plena vigencia en Chile el 15 de este mes; (3) finalmente, tampoco se permite “formar parte de cadenas entre ellos” (cual es el espíritu colaborativo y libertario de la información que hoy existe entre ellas, agrupadas en Red y organizaciones), “salvo en casos de alto interés público, emergencia o calamidad”, en contraste con los monopolios que hoy imperan entre las radios comerciales que operan en el país y que homogenizan los contenidos e invisibilizan las demandas de vastos sectores de la población.

Por tanto aquí no se favorece la diversidad, sino el control y se mantiene la interacción con los actores ya validados, sin abrirse a toda la riqueza del mundo social, poblacional y comunitario hoy existente, tengan o no personalidad jurídica “de derecho privado sin fines de lucro”.

5.- Respecto de la aplicación en la práctica de esta ley, no será a través de lo aquí trazado, sino por el “reglamento del Ministerio Secretaria General de Gobierno, que deberá llevar también la firma del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones” (para lo cual tiene 120 días luego de publicada en diario oficial) la que definirá el futuro de las radios comunitarias en Chile. Ministerio, el primero de ellos, que otorgará mediante decreto supremo y cumplidos los trámites contemplados (sumándose por tanto estos además) en el artículo 13 A de la Ley general de Telecomunicaciones. Es decir, aquí no se facilita la tramitación para el acceder a una licencia, sino que por el contrario, se aumentan los trámites y requerimientos.

6.- Finalmente, este proyecto ha sido presentado como acordado entre la ARCHI y la ANARCICH (asociación gremial de radios comunitarias), pero nada se señala de la gran oposición y rechazo que encuentra entre sus principales destinatarios, las distintas radios comunitarias (no solo las que tienen licencias), ni a lo planteado por AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), cuya opinión simplemente no FUE considerada, en especial respecto de los tres tercios del dial.

Por lo mismo es preocupante y lamentable que un proyecto con estas carencias, deficiencias, vacíos y restricciones sea aprobado con amplia mayoría de parlamentarios que se deben a quienes depositaron a través del voto su confianza en ellos para representarlos; y a la vez lamentable, que se esgrima que esto favorece a la libertad de expresión con tanta liviandad y desvergüenza , precisamente en momentos en que la Relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, se encuentra de visita en Chile.

Una verdadera democracia, en materia de libertad de expresión, debe dar muestras de preocupación y de prioridad en proteger la voz de los excluidos, de las minorías, de los que tienen menos posibilidad y menos recursos para hacer escuchar su voz, incluso de las voces disidentes.

Para mayores antecedentes, siempre a disposición. Un saludo cordial.

Paulina Acevedo Menanteau

Periodista – Comunicadora en DDHH

Observatorio Ciudadano / Red de Medios de los Pueblos

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RADIOS COMUNITARIAS:EL ESTADO CALLA Y ACALLA

Tras imprimirle el Ejecutivo el 29 de julio recién pasado suma urgencia a su tramitación, el martes 4 de agosto las comisiones -unidas- de Obras Públicas y Libertad de Expresión aprobaron el proyecto de ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. Según el presidente de esta instancia parlamentaria, el diputado PPD Patricio Hales, se trata de “un proyecto fundamental para la sociedad, ya que no puede haber una sociedad democrática si no es capaz de fortalecer la base social y sus organizaciones”.

Por eso resulta del todo paradójico, o más bien contradictorio, que ese mismo día el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizara a Fidel Galaz, representante legal de Radio Sin Tierra de Villa La Reina, por la transmisión de señales radiofónicas sin tener las licencias correspondientes; arriesgando por ello pena de cárcel, altas multas y la incautación de todos sus equipos.

Es decir, mientras un poder del estado avanza en subsanar por la vía de la legislación la falta de equidad en el acceso al espectro radiofónico y en reconocer el aporte de estos medios a la construcción democrática, entregándoles incluso fondos para su desarrollo; otro, el poder judicial, deja caer sobre estos medios todo su poder punitivo acallando sus voces.

Se argumentará que aquí se ha infringido la ley, lo cual es cierto, específicamente el artículo 36 b de la Ley General de Telecomunicaciones (N°18.168), que penaliza como autor de delito de acción pública a todo aquel que “opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente, y el que permita que en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte, operen tales servicios o instalaciones”.

Pero lo cierto es que no ha estado en la intención de estas radios violar la ley, sino que han sido forzadas a hacerlo, enfrentadas a un espectro radial excluyente que desde hace años permanece virtualmente inamovible. Por eso, si bien muchas de ellas han intentado acceder a una concesión de transmisión, en la práctica no se abren nuevos espacios de licitación y persiste “una legislación muy poco permisiva, que da pocas facilidades a su existencia”, como lo reconoce el propio Hales.

Una legislación, por lo demás, heredada de la dictadura y que en su momento tuvo el claro propósito de silenciar a las voces disidentes, a la voz amplificada del pueblo por estas antenas. Ya que la Ley General de Telecomunicaciones fue publicada en el diario oficial el 2 de octubre de 1982, es decir, cuando se masificaban las jornadas de protesta contra el régimen militar frente a sus violaciones a los derechos humanos y a la agudización de la crisis económica.

Al caso de Radio Sin Tierra se suman, hasta ahora, los de radios Conexiones y Renacer, en la octava región, y de Radio Galactika en San Antonio, todas acusadas por el mismo artículo 36 B. El operativo desplegado por la brigada del Ciber Crimen de la PDI en Valparaíso la semana pasada, debido a la querella interpuesta por el concejal independiente UDI, propietario de Radio Congreso y presidente regional de Asociación Chilena de Radiodifusores (ARCHI), Eugenio González, procedimiento que culminó con la incautación de equipos a Radio Montedónico 2000 y UV 15, de un listado cercano a las 40 emisoras que serían clausuradas. También al hostigamiento y amenazas sufridos por radios La Voz de Estación Central y 1º de Mayo de Pedro Aguirre Cerda, entre otras.

Todos estos hechos no son aislados, aunque tras ellos hay intereses distintos. Por una parte comerciales, en un país con una de las mayores concentraciones en la propiedad de medios en América Latina, intereses que quieren seguir manteniendo el control económico que tienen sobre el espectro radial; políticos, en un año electoral que agudiza el debate; y gremiales, liderados por ARCHI ante el avance del proyecto de ley recién aprobado. Pues debe llamar al menos la atención que llevando años e incluso décadas, algunas de estas radios transmitiendo, recién ahora se utilice contra ellas una ley que tiene más de 25 años de vigencia. Y es que aprobada como Ley, este proyecto de radiodifusión comunitaria ciudadana, ésta deberá regularizar la situación de todas las emisoras que estén transmitiendo. Las que queden a esa fecha.

Y qué hace el Ejecutivo - tercer poder del estado - ante esta campaña de silenciamiento, que vulnera el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión que debiera garantizar toda democracia: simplemente calla y acalla.

Calla, cuando como Poncio Pilato se lava las manos, incumpliendo su deber de evitar la vulneración de estos derechos fundamentales.

Y acalla, pues las leyes no salen de un texto bíblico y su interpretación está lejos de ser una profecía, sino una decisión política que en este caso concluye en el hostigamiento y la represión de quienes detractan de su labor. Pero acallar las voces de los que piensan distinto, por razones reglamentarias o como quiera argumentárselas, termina siendo una acción impugnable que socava precisamente lo que la acción del estado debe fortalecer: “la pluralidad informativa en el territorio nacional” (art. Nº1, Ley de Prensa) y por ende un espacio para la expresión de esta diversidad de voces.

Restringir este espacio, resta valor a la toma de decisiones, a la participación ciudadana y se debilita a la postre la democracia.

Y es que democracia no es solo votar, sino construir ciudadanía. Una ciudadanía informada, crítica, diversa en su composición y en las identidades que expresa.

por Paulina Acevedo Menanteau

Periodista, Comunicadora en Derechos Humanos

RADIO SIN TIERRA SUSPENDE OBLIGADADMENTE SUS TRASMISIONES POR DEMOCRATIZAR LOS DERECHOS CIUDADANOS EN LA COMUNICACION RADIAL

Radio Sin Tierra surge de un sueño de más de tres mil largos días y noches ,desde el trabajo comunitario de un joven chileno Fidel Galaz ,habitante de La Reina que hizo del trabajo con y para la comunidad su proyecto de vida, allí donde la racionalidad del lucro no tiene cabida ,porque el quehacer cultural popular no pertenece al circuito de Economía y Negocios , lo que da por resultado que quienes se dedican están siempre entregando sus energías ,poniendo sus recursos y tal vez prosperando en satisfacción y felicidad por la entrega ,pero nunca recibiendo un reconocimiento traducido en dinero por lo que hacen . Es así como los intentos por una radio comunitaria en La Reina tienen una larga historia que contaremos en otra publicación.

El hecho reciente es que después de muchos sacrificios se logró contar nuevamente con equipos de trasmisión y se comenzó a trasmitir en espera de obtener un permiso de la Subtel para el cual había que contar con una cantidad de dinero que había que reunir , en este intertanto personas hicieron una denuncia explicita el dia 15 de Julio de que la radio no contaba con los permisos.

EL martes 4 de agosto se realizó la audiencia de formalización de cargos contra Radio Sin Tierra, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La denuncia fue hecha en contra de Fidel Galaz, como representante legal de la radio, por la transmisión de señales radiofónicas sin tener el permiso correspondiente.

El fiscal leyó la acusación donde “el pasado 14 de mayo de 2009, personal de la subsecretaria de telecomunicaciones notifica la denuncia en contra de Fidel Galaz, ya que se encontraba operando dentro de su domicilio servicios de radiodifusión sonora sin contar con la autorización para ello, manteniendo en su interior una emisora que opera en la frecuencia 104.5 del dial de frecuencia modulada. Se le impugna el delito de violar el artículo 16 B de la Ley General de Telecomunicaciones 18.168.”

En la audiencia, la fiscalía propuso una salida alternativa, que consiste en cesar el procedimiento judicial por el plazo de un año con la condición que la emisora en cuestión cese las transmisiones y se fije el domicilio del acusado. Si se siguen estas condiciones y el acusado no es objeto de una nueva notificación, el Juzgado sobresee la causa definitivamente. La otra alternativa es que se sigan investigando los hechos de la causa y llegar a juicio.

El acusado, y miembro fundador de radio Sin Tierra, decidió seguir con la investigación, ir a juicio, arriesgándose a penas mayores, argumentando que su principal deseo es legitimar el derecho a la comunicación que la legislación actual no garantiza. Se acordó que en 90 días más tendrá lugar una nueva audiencia con los avances de la investigación, donde la fiscalía deberá probar la transmisión irregular de la emisora que fue denunciada.

Para Washington Lizana, abogado de la Defensoría Popular, quien esta a cargo de la defensa, “hay un conflicto evidente de derecho, por un lado el derecho de propiedad de los grandes medios de comunicación que tienen sobre las concesiones que obtienen, por parte del ministerio de telecomunicaciones con el consiguiente proceso de monopolización y el derecho de los ciudadanos, y que todos tienen de informarse y comunicar libremente, este derecho a la comunicación es el que tenemos que defender sobre todo en un sistema que se dice democrático.”

Cabe destacar que diversos medios como Mapuexpress, Radio Konciencia, Radio Tierra, Programa Semillas de Agua, y agencia de noticias Medio a Medio, en representación de la Red de Medios de los Pueblos, se hicieron presentes en tribunales para manifestar su apoyo a esta emisora popular que cumple un importante rol en la comunidad de Villa La Reina.

www.agenciadenoticias.org

AMPLITUD Y AUTONOMIA :NUESTRA LINEA EDITORIAL

Radio Sin Tierra
Frente a la crisis de participación social y política, a ensanchar los espacios para romper candados.


A 18 años de recuperada la democracia en nuestro país, los ciudadanos/as, hemos permanecido excluidos/as de participar en plenitud de derechos en el restringido sistema democrático que nos rige actualmente, en otras palabras y en corto, inhabilitados/as para incidir en la toma de decisiones sobre las distintas materias que nos afectan, cuestión que más allá de cualquier análisis, a la hora de los “quiubos”, es en definitiva lo que realmente pesa. Y como pesa! A pesar de la “democracia”; a pesar de las pavoneadas cifras macroeconómicas exhibidas por nuestro país; a pesar que se diga que “las instituciones funcionan”, el chileno y chilena de a pie, sigue pelando el ajo.

Ayer era la dictadura la que nos imponía – a sangre y fuego- sus decisiones. Hoy son los partidos políticos tradicionales -los de la "Concerta" y los de la Alianza- los que entre gallos y medianoche maceran acuerdos en pro de los intereses de los grandes capitales trasnacionales en detrimento de los intereses nacionales y a espaldas de la ciudadanía.

En este contexto, no es difícil comprender la crisis de participación social y política que afecta a nuestra sociedad. Súmele a eso, que cada vez que la ciudadanía se organiza para hacer valer sus derechos, y conquista espacios de participación social y político, éstos son deslegitimados, aislados e incluso hasta absorbidos por la clase política para desnaturalizar su propuesta y demanda original.

Frente a ello, no existe resistencia de peso. Ni las organizaciones políticas de izquierda, en franca bancarrota, ni las organizaciones sociales o gremiales, que operan desde sus demandas sectoriales sin poder revertir su aislamiento. Y como no, si la principal consecuencia de la exclusión social y política de la ciudadanía, es la promoción de una relación directa entre el individuo, en tanto beneficiario y el Estado; y el individuo, en tanto cliente, con los servicios privados. De esta manera se mutila su potencial en tanto actor social colectivo y articulador en la transformación de la sociedad, así como su condición de soberano/a en la co-construcción de los destinos del país.

Es esta situación la que explica la promoción y fortalecimiento de aquellas políticas tendientes a favorecer a unos pocos privilegiados, no importando que con ello y de pasadita, se afecte negativamente la calidad de vida de las grandes mayorías.

Por eso la apuesta central no pasa por hacerse de los espacios institucionales de poder o reformar el sistema binominal, en la pretensión de alterar las correlaciones de fuerzas existentes, ampliamente adversas para los intereses de esas mayorías ciudadanas.

Pareciera una perogrullada decir que lo que se requiere es de procesos de organización y articulación amplios, capaces de concentrar tras sí, los distintos sectores de ciudadanos/as, a fin de arribar a una propuesta política que exprese de la manera más potente, los genuinos intereses de las grandes mayorías, y de esa forma erigirse como alternativa real a los proyectos neoliberales que encarnan la Concertación y la Alianza, pero también alejado de una izquierda partidaria, que en su afán de recuperar espacios institucionales, desestima orientar su quehacer en pos de las transformaciones necesarias.
Lo que no es una perogrullada es plantearse la construcción de una alternativa real y viable, con alcance y sentido estratégico, esto es, destinado a detener el avance de los proyectos de los poderosos. Y aquello sólo es posible, impulsando con verdadera convicción, la participación social y política de la ciudadanía.

La radio que queremos o la que necesitamos?
No siempre lo que queremos es lo que necesitamos
La radio es un medio, un instrumento, una herramienta; no un fin en si misma. Por lo tanto la pregunta que debemos hacernos es ¿para qué hacemos radio?

Ante las innumerables tareas que debemos impulsar para arribar a estadios de mayor calidad de vida de los ciudadanos y su entorno, debemos considerar por una parte el estado en que hoy nos encontramos y por otra, los mecanismos que se requieren para revertir esa situación.

Hoy frente a la ausencia de una propuesta viable que permita a amplios sectores, acceder a una mejor calidad de vida, es necesario que estos sectores, vayan tomando conciencia de su real estado, y de acuerdo a ello erigir una propuesta, un habla y acción propia a fin de avanzar hacia la construcción de una alternativa real y viable a los proyectos existentes en nuestro país y que no dan cuenta de las anhelos, sueños y necesidades más sentidas por las amplias mayorías de este país.

Los medios de comunicación, dominados por los poderosos, no van a realizar la tarea de problematizar a las grandes mayorías sobre su situación, todo lo contrario. La programación de los medios de comunicación (TV; radio y prensa escrita, revistas), está orientada a atraer clientela. Su rol informativo ha quedado restringido a la mínima expresión y es concebida desde una sola mirada, la de los poderosos; prácticamente la participación de la “otra” mirada está ausente. Por otra parte los programas Light y de farándula hacen nata, lo que contribuye al alelamiento y enajenamiento de los públicos.

En ese escenario, se vuelve a preguntar. Que radio necesitamos?

La respuesta está más o menos esbozada: Contribuir a la construcción de un posicionamiento (eso no es filosofía, es política), que se tornará en habla propia, y por ende, camino propio, alejado de las canaletas de los poderosos (eso no es choreza, es autonomía)

Cómo?

1.- Delevando las limitaciones que tiene el modelo para amplios sectores de la población; revelando las inocuas acciones que se dan en forma aislada (por muy radicales que sean);
2..- Revelando nuestras potencialidades, aquellos proyectos y experiencias desde el campo popular, referenciales, que nos dan luz del camino a seguir para resolver localmente problemas más sentidos (educación, salud, delincuencia, consumo de drogas, cesantía, urbanismo ,medio ambiente etc.)
3.- Contribuyendo a la socialización de experiencias y a la articulación concreta de diversos sectores y al desarrollo de una identidad, de una conciencia y por ende de una fuerza común en pro de alcanzar una vida mejor.

NUESTRA LINEA EDITORIAL

1.- Un medio de comunicación social, que se concibe desde los elementos emancipadores de la cultura popular, esto es, crítica, cohesión, solidaridad, democracia y autonomía. De ahí que su propuesta es eminentemente política, lo que no se puede confundir con “partidaria”

Comprometido con la libertad, la verdad; con el progreso de los pueblos en justicia e igualdad, con el medio ambiente y el desarrollo local sustentable.

2.- De acuerdo a lo interior, independiente de cualquier poder político, grupo económico o credo religioso o partidista.

3.- Un medio de comunicación democrático e inclusivo, no dominado por ningún pensamiento único, donde se expresen las diversidades, los distintos puntos de vista, en especial aquellos que han permanecido ausentes en los medios de comunicación de los poderosos, es decir, de aquellos actores provenientes del mundo popular con clara conciencia de su posición, por ende con propuestas.

4.- Un medio de comunicación social que se plantee la recuperación de experiencias (a nivel local y latinoamericano) que promuevan un desarrollo, distinto, integrador, equitativo, más democrático.

5.- Un medio de comunicación que se constituya en la ventana, desde donde el sujeto se informe de las experiencias dignificantes y propositivas provenientes del mundo popular.

6.- Un medio de comunicación social que promueva el aprendizaje colectivo y continuo en pos de un desarrollo social y que se auto imponga constituirse en un espacio de aprendizaje, de intercambio de información y de reflexión sobre su práctica (que no se preste a la imitación de patrones culturales enajenantes como por ej. a la farándula)

7.- Un medio de comunicación social que vele por anteponer el interés público, (aquellas necesidades más sentidas y trascendentales de la vida de las personas), ante cualquier otra consideración (por ejemplo la farandulización).

8.- En un mundo pletórico de información, un medio de comunicación social, capaz de definir aquellos temas públicos de relevancia y explicarlos, y seleccionando temas concernientes a la lógica aquí planteada, priorizar y explicarla a la audiencia en términos sencillos)

9.- .-Un medio, que se plantea como eje los derechos humanos, los derechos de los niños, de las mujeres, de las minorías étnicas, las minorías sexuales y los derechos urbanos y ambientales.

10.- Un medio que se abra a la Participación con apertura política siempre que se centre en el sentir de la línea editorial, es decir, todo programa debe apuntar a la socialización de las agrupaciones vecinales y al trabajo comunitario y no partidario, como una forma de mantener la autonomía radial.

11.- Un medio que valorice lo local ,donde la comunidad que lo habita se expresa y construye identidad.
12.- Un medio que se propone ser un creador y articulador de redes vecinales y del trabajo comunitario .

Radio Sin Tierra : Comunitaria

' Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil; cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria.
No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su finalidad es distinta, sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político: se trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de crear consensos, de ampliar la democracia. En definitiva -y por ello, el nombre- de construir comunidad. ''